Juez de EE. UU. Bloquea Sanciones a Relatora de la ONU Albanese

Un juez federal de EE. UU. emitió una medida cautelar temporal el 14 de mayo de 2026, bloqueando las sanciones contra Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Al Jazeera informó que la resolución suspende las medidas impuestas originalmente por la administración Trump bajo la Orden Ejecutiva 13928. Este desafío legal somete la postura de la administración actual sobre la inmunidad diplomática y la política de sanciones a revisión judicial, creando un precedente notable en el derecho internacional.

¿Cuál fue la base legal de la medida cautelar?

La decisión del tribunal de conceder una medida cautelar temporal se basó en el argumento de que Francesca Albanese sufriría un daño irreparable si las sanciones permanecían vigentes mientras el caso avanzaba. El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia consideró que los argumentos de la demandante tenían mérito suficiente para justificar una suspensión temporal de la aplicación de las restricciones financieras.

Las sanciones originales fueron autorizadas bajo la Orden Ejecutiva 13928, firmada en junio de 2020. Esta orden inicialmente se dirigía a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) pero fue vista como una herramienta para presionar a individuos considerados como actuando en contra de los intereses de EE. UU. El equipo legal de Albanese argumentó que aplicar esta orden a su trabajo como experta de la ONU constituía un exceso de la autoridad ejecutiva y violaba sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y asociación.

La resolución aún no decide la legalidad definitiva de las sanciones. Simplemente las congela para evitar posibles daños —como la incapacidad de realizar investigaciones o recibir financiación— mientras el tribunal considera el caso completo. La cuestión legal central es si el poder ejecutivo puede utilizar amplios poderes de sanción contra un experto independiente que opera bajo un mandato de la ONU.

¿Cómo afectan estas sanciones a los funcionarios de la ONU?

Las sanciones de EE. UU. suelen implicar la congelación de cualquier activo mantenido dentro de la jurisdicción de EE. UU., la prohibición de viajar a Estados Unidos y la prohibición de que cualquier persona o entidad estadounidense realice transacciones con el individuo sancionado. Para un funcionario de la ONU, esto puede impedir gravemente su capacidad para viajar, acceder a financiación y colaborar con instituciones académicas o de la sociedad civil en EE. UU.

El caso plantea cuestiones complejas sobre la inmunidad diplomática. Si bien los diplomáticos de alto nivel gozan de amplias protecciones bajo la Convención de Viena de 1961, el estatus de los relatores independientes de la ONU es más matizado. Estos expertos no son representantes gubernamentales, sino que son nombrados por los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para actuar de forma independiente. Sus defensores argumentan que requieren protección de la presión política de los estados miembros para desempeñar sus funciones de manera efectiva.

La posición del gobierno de EE. UU. es que las sanciones se dirigen a la conducta individual, no al papel institucional del funcionario. Sin embargo, la medida cautelar del tribunal sugiere una voluntad de escudriñar esta distinción, especialmente cuando la conducta sancionada está directamente relacionada con el trabajo encomendado al funcionario.

¿Cuál es el contexto geopolítico más amplio?

Las sanciones contra Albanese se originaron en una política más amplia de la administración Trump de escepticismo hacia las organizaciones internacionales. Esta postura llevó a EE. UU. a retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU e imponer sanciones a los fiscales de la CPI que investigaban acciones del personal estadounidense en Afganistán.

La administración Biden revirtió algunas de estas políticas, levantando las sanciones a los funcionarios de la CPI en abril de 2021 y volviendo a colaborar con el Consejo de Derechos Humanos. La decisión de mantener las sanciones contra Albanese creó una inconsistencia que generó críticas de organizaciones de derechos humanos y organismos de la ONU. Este caso judicial fuerza una confrontación directa con esa política restante.

Una limitación importante de este desarrollo es la naturaleza temporal de la resolución. Se espera ampliamente que el Departamento de Justicia apele la medida cautelar, argumentando la amplia autoridad constitucional del poder ejecutivo en asuntos de política exterior y seguridad nacional. El resultado final podría tardar meses o años en resolverse, y la medida cautelar podría ser anulada por un tribunal superior.

¿Cuáles son las implicaciones para la política exterior de EE. UU.?

Esta intervención judicial podría sentar un precedente poderoso, alentando potencialmente a otras personas bajo sanciones de EE. UU. a buscar alivio a través del sistema judicial. Podría complicar el uso de las sanciones como una herramienta flexible de política exterior de EE. UU., particularmente cuando se aplican a individuos que no son actores estatales o que no están involucrados en terrorismo o proliferación.

Las organizaciones internacionales y los aliados de EE. UU., particularmente en Europa, seguirán de cerca el caso. Muchos gobiernos europeos se han opuesto a la aplicación extraterritorial de las sanciones de EE. UU. y han abogado por la protección de expertos independientes. Un fallo final a favor de Albanese podría fortalecer su posición y reforzar la independencia de los investigadores con mandato de la ONU, cuyos mandatos suelen durar un máximo de seis años.

El caso destaca la tensión inherente entre el uso del poder económico del gobierno de EE. UU. y sus compromisos con el derecho internacional y las instituciones multilaterales. El resultado influirá en cómo las futuras administraciones aborden la sanción de individuos afiliados a organismos como la ONU.

P: ¿Quién es Francesca Albanese?

R: Francesca Albanese es una abogada internacional y académica italiana que fue nombrada en 2022 Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Su función, que no es remunerada, es supervisar, asesorar e informar sobre las condiciones de los derechos humanos dentro de su mandato al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Asamblea General.

P: ¿Es esta resolución permanente?

R: No, la orden del juez es una medida cautelar preliminar, que es una medida temporal. Bloquea la aplicación de las sanciones solo mientras el litigio completo avanza. El gobierno de EE. UU. puede apelar la medida cautelar ante un tribunal superior, y el resultado final del caso no ha sido decidido. Las sanciones podrían ser restablecidas dependiendo de futuras sentencias judiciales.

P: ¿Afecta esto a otros programas de sanciones de EE. UU.?

R: La resolución no invalida directamente otros programas de sanciones, ya que es específica a los hechos de este caso. Sin embargo, crea un precedente legal que otros individuos designados podrían citar en sus propios desafíos. Podría obligar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro a proporcionar justificaciones más sólidas para sancionar a individuos no claramente vinculados a amenazas patrocinadas por estados.

En resumen

El bloqueo temporal de las sanciones contra una funcionaria de la ONU señala un importante control judicial sobre el poder ejecutivo de EE. UU. en la aplicación de la política exterior.

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